Enero 2019 ha sido un inicio de año convulso y támbién trágico en el hemisferio occidental. El año inició con el gobierno más poderoso de la tierra sufriendo el cierre parcial mas largo de su historia, por un agrio debate político entre la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos inmersos en un insensato juego de suma cero, en torno a la discusión del ya célebre muro fronterizo.
Colombia sufre su primer atentado terrorista desde la firma de la paz, con cauda de una veintena de muertos en la sede de la academia de policía en Bogota, lo cual ha cancelado las negociaciones de paz entre el gobierno de Ivan Duque y el ELN. En México, la iniciativa del Presidente López Obrador de controlar el robo de combustibles genera un caos social de imprevisibles consecuencias y la semana pasada en el municipio mexicano Tlahuelilpan donde el robo de carburante forma parte del día a día, han muerto al menos 85 personas tras la explosión de una toma ilegal. El pasado domingo el periodista Carlos Fernando Chamorro anunció su exilio en Costa Rica para proteger su integridad fisica de la debordada y criminal dictadura de Daniel Ortega y su concubina Rosario Murillo.
Mientras en Venezuela, en un acto de desesperación, los servicios de inteligencia al servicio del tirano Nicolas Maduro secuestraban a luz del día al Presidente de la asamblea nacional Juan Guaidó.
En el evento político-diplomático mas destacado del mes de Enero en las Americas, se produjo en Guatemala, cuando el gobierno del Presidente Jimmy Morales dió por terminado el experimento de 12 años del para-organismo adscrito a Naciones Unidas llamado CICIG, levantando alarmas en algunos países europeos y ongs que habían venido cooperando con esa iniciativa instalada en el país centroamericano a solicitud del Estado guatemalteco. Contrastando con la actitud de protesta de los europeos, el gobierno de los Estados Unidos reaccionó con una escueta declaración de apoyo a las decisiones soberanas del gobierno de Guatemala, no sin las protestas de senadores y congresistas de la bancada democrata.
Lo ocurrido en Guatemala si bien levanto alarmas de agria critica en algunos reductos de la comunidad internacional, al interior del país no se produjo la protesta de la sociedad como las esperadas a la luz de las manifestaciones del año 2015. Es evidente que la decisión del Presidente se produjo en un momento en que los guatemaltecos están agotados y convencidos que el actuar de CICIG transgredio leyes y produjo que las autoridades y la sociedad relegaran prioridades frente a una abstracta lucha contra la corrupción que no termina de rendir frutos pero que si ha traido una polarización muy fuerte entre los guatemaltecos que este año se preparan para renovar autoridades por la vía electoral.
A mi manera de observar lo acontecido me pregunto ¿por qué cierta comunidad internacional insiste en que Guatemala mantenga vigente a este para-organismo llamado CICIG con el cual admite la intervención de su sistema de justicia y cede Soberanía? ¿Acaso no ha sido suficientes doce años de laboratorio social fallidos? ¿por qué de 193 naciones miembros de ONU solo Guatemala debe someterse a la intervención para arreglar sus falencias? Es muy extraño, pero creo que es esclarecedor lo que recientemente escribió el respetado académico Carlos Sabino y que me permito trasladarlo a ustedes de tal suerte que se logre comprender las razones de la cancelación de CICIG que nos explica Sabino.
"Los motivos eran claros dice Sabino: la CICIG había politizado la justicia, persiguiendo a unos y dejando a otros en la impunidad, enfocando su acción contra ciertas figuras políticas y empresariales con acusaciones que tenían poco fundamento, mientras pasaba por alto los posibles delitos de otros dirigentes políticos. Pero hay más: la CICIG había presionado para que cientos de estas personas permanezcan en las cárceles sin otorgarles beneficio alguno, en clara violación al debido proceso y los derechos humanos; han utilizado testigos comprados y han construido casos penales muy débiles y poco justificados.
En otra parte Sabino afirma, que el comisionado Velásquez había intervenido directamente en la política local, presionando al Congreso para que se adoptaran cambios en la propia Constitución de la república. La última acción de Velázquez, que despertó justificada preocupación en buena parte de la ciudadanía, fue firmar un convenio con el organismo que tutela el proceso electoral en el país, para tratar de ese modo de influir en las elecciones generales de junio próximo.
Por todo esto, y por varios otros motivos que el presidente Morales expuso detalladamente hace pocos días, el ejecutivo tomó la decisión de interrumpir de inmediato la labor de dicha comisión internacional, sin esperar a septiembre, cuando vencía el convenio firmado. La decisión, a juicio de Sabino fue bien fundamentada, y se baso en que las Naciones Unidas, a través de su Secretario General Antonio Guterres, nunca respondió a los reclamos que Guatemala había presentado formalmente en los últimos 16 meses, pidiendo el relevo del comisionado Ivan Velázquez. Fin de la cita.
En mi opinión hay una conclusión dura pero cierta, el cálculo político le falló al Secretario General Guterrez, eligió por Velázquez y provoco una razonable reaccion del gobierno guatemalteco de denunciar el convenio, al comprobar que la situación había trascendido de lo institucional a lo ideológico.
Hasta la próxima.
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