El accidentado juicio contra los generales Ríos Montt y Rodríguez avanza contra viento y marea. La presión de la comunidad internacional está haciendo efecto en los sectores menos informados y sigue creciendo. Es, sin duda, uno de los momentos críticos para el sistema judicial de Guatemala, endeble y siempre criticado por su falta de independencia, justamente por los mismos grupos de activistas que ahora reclaman una sentencia a la medida de sus propósitos políticos. Hace un par de semanas abordé el tema relacionado con este juicio.
Dije que más allá de los generales y de la disputa del genocidio que se quiere aplicar a toda costa, era de vital importancia comprender que de la transparencia o falta de ella en los juzgadores que intervienen en este caso, dependerá buena parte del futuro de la Nación, pues más allá de Ríos Montt y Rodríguez, se comprobará si el sistema de tribunales puede aplicar la justicia por sí misma o si se plegará hoy a los activistas de la ex guerrilla y mañana a quién sabe cuáles intereses.
Reitero que mi posición es exigir el cumplimiento de la ley, pero no la violemos como cuando se hace espacio a testigos falsos evidentemente entrenados para este juicio, como quedó demostrado cuando uno de ellos dijo: mi papá murió antes de 1982, no puedo mentir.
En las prisas de la sed de venganza del activismo marxista y del sentimiento de defensa que han asumido algunos sectores, no podemos perder el norte formal de la ley. Hay y seguramente habrá recursos pendientes de dirimir en la Corte de Constitucionalidad y de los cuales depende el destino de este crítico proceso y en esencia de todo el andamiaje legal del país.
Para la Corte, el tema es una brasa políticamente compleja, como muchas otras que ha resuelto pensando en el interés nacional sin ceder a ningún tipo de presión, aunque en el estricto sentido de la interpretación de los acuerdos de paz, la ley y nuestra Constitución, no hay por dónde perderse. La Corte de Constitucionalidad de nuevo está convocada a jugar un papel histórico que ponga orden en todos los ámbitos de este caso y evite que Guatemala se vaya por el desfiladero y la debacle institucional, producto de las manipulaciones de unos pocos fanáticos.
Preocupa que perdamos la noción de cómo debe funcionar nuestro sistema. Y digo esto porque de la forma en que se resuelvan las consultas en el tribunal constitucionalista dependerán muchos otros fallos posteriores, pues se habrá sentado el precedente —nefasto dirá quien salga afectado— de cómo gestionar ante el sistema judicial guatemalteco. Si admitimos la presión política y mediática internacional en este caso, estaremos en un rumbo lejano al que la mayoría de guatemaltecos queremos.
En ningún país que se considere un Estado serio y correcto es admitida la gestión de la justicia bajo presión. Nuestra sociedad tiene decenas de ejemplos sobre lo que pasa cuando grupos radicales se van a las medidas de hecho y no consiguen resultados, sino los arrebatan. ¿Queremos que esa desafortunada práctica se institucionalice? Yo creo que si eso pasa será el principio del fin.
La coyuntura actual es sumamente compleja y la tradicional indiferencia de muchos debe convertirse en activismo en pro de la legalidad. El ya viciado juicio contra Ríos Montt no es contra él, es contra el sistema democrático y de legalidad que intentamos construir, representa la antesala de un apocalipsis institucional y de una nueva época de confrontación que buscan desesperadamente los antisistema.
Guatemala, 3 de abril, 2013
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