A muchos les sonará irónico que, en medio de una sentencia como la dictada contra Efraín Ríos Montt el pasado 10 de mayo, perviva el reclamo de justicia y debido proceso. Para quienes vociferan que se ha escrito una brillante página de la historia luego del fallo del tribunal presidido por la jueza Yassmin Barrios, este pasaje de la bitácora judicial guatemalteca marca un antes y un después en materia procesal. Es cierto, estamos ante un momento histórico en el que la balanza de la justicia tiene en un lado el reclamo de las víctimas de una guerra infame, y del otro lado, tiene la esperanza y la confianza de quienes aún creemos en que es posible hacer justicia aplicando el debido proceso.
Las guerras internas han nacido en casi todas las sociedades —con desgraciadas excepciones— cuando el reclamo por justicia se convierte en razón de represión. Los poderosos no toleran que otros pidan trato y juicio justo; buscan ahogar sus palabras reprimiendo en una escala que comienza con la descalificación y termina con la muerte y la represión más brutal imaginable. Así fue, en diferentes momentos en los años de 1960, en Guatemala; en Nicaragua, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y hasta en el sur de México. Así ocurre en África y Asia; es el mismo reclamo que dio fuerza a los hechos en Tiananmen en los años de 1990.
¿Por qué hago esta relación? Porque los guatemaltecos cerramos un capítulo de guerra buscando acuerdos en diferentes direcciones; queríamos acallar los fusiles y darnos a la tarea de construir una sociedad justa, quizá no perfecta, pero indudablemente con toda la intención de comenzar un camino donde las desigualdades lógicas de un país en vías de desarrollo encuentren en la ley una forma de ser llevaderas y construir más que destruir. Sin ajustarnos al debido proceso, es decir, a la norma más objetiva para aplicar la justicia, quedamos a merced de las subjetividades del pasado, a la debilidad para aplicar la ley sin prejuicio alguno y sin distinción de clase, raza o credo. Y ahora, en el proceso más notable de nuestra historia moderna, la necesidad de castigar los excesos del enfrentamiento armado hizo que una jueza tirara por la borda una estructura y se convirtiera en verdugo. Sí, en verdugo: ella olvidó el rigor procesal y claramente influida por actores internacionales, se pasó al lado del justiciero emocional, sin medir las consecuencias de sus acciones.
Se está privilegiando el ansia por castigar en la figura de un hombre a la institucionalidad militar, una posición sectorial de suyo asimétrica porque omite tan siquiera considerar la sanción institucional a la guerrilla terrorista y a sus altos mandos.
Como muchos sigo creyendo firmemente que la sentencia por genocidio contra Efraín Ríos Montt es un error jurídico que Guatemala entera pagará muy caro. Si admitimos como válida la actuación del tribunal presidido por la jueza Barrios aceptaremos que la intervención de actores foráneos, que la emoción y el revanchismo tienen cabida dentro del debido proceso. Y si el sistema judicial enmienda la plana y anula la sentencia —repitiendo o no el juicio, o anulándolo— quedaremos a merced del linchamiento internacional que los activistas sin duda alguna promoverán.
¿Qué debe hacerse? Ante la historia y las futuras generaciones la opción correcta es apegarse al debido proceso. Lo más dañino sería confirmar que una justicia alejada del debido proceso es la ruta que merecemos y debemos seguir con tal de quedar bien con quienes nos critican, presionan y amedrentan desde la arena internacional.
Guatemala, 15 de Mayo, 2013
Volver